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Uno de los conceptos legales más mencionados en los medios de comunicación es el relativo a la constitucionalidad de leyes y actos del Estado, incurriendo en más de una ocasión la prensa poco preparada, en omisiones o desinformaciones sin dolo pero decididamente nocivas. Por lo tanto, pienso dedicar algunas líneas a este tema, a fin de brindar un poco de luz en la medida de lo posible.

Para comenzar, debemos dejar en claro que la constitucionalidad es el atributo de los actos del Estado que se apegan a las disposiciones de nuestra Carta Magna. Es decir, no puede predicarse la inconstitucionalidad de los actos realizados por los particulares. Para este último supuesto empleamos un término más amplio, y más coloquial, como lo es el de “ilegalidad”. Lo ilegal es todo lo contrario a las normas de derecho. Lo inconstitucional es lo contrario a las normas de la Constitución, y sólo se aplica a los actos estatales.

Tomemos por ejemplo el artículo 4º, primer párrafo, relativo a la igualdad jurídica entre “el varón y la mujer”. Si llegara el caso en que un órgano del Estado incurriera en actos discriminatorios sólo por razón de ser hombre o mujer los involucrados, estaríamos frente a un acto inconstitucional. En cambio, si un empleador comete contra sus subalternos el mismo acto, entonces hablaríamos de un acto ilegal.

Los conceptos anteriores bien pueden entenderse sin necesidad de estas líneas que anteceden, sin embargo, existe un caso especial en que parecen no atinar incluso algunos abogados. Se trata el caso de lo siguiente: ¿puede una norma que forma parte de la Constitucion, ser inconstitucional? La respuesta no es sencilla, toda vez que en ocasiones esto sería absurdo, pero en otras ocasiones sería perfectamente lógico. Me explico: Siendo la Constitución el punto de referencia, una norma que forme parte de ella no puede ser inconstitucional. Su constitucionalidad le viene por definición, por necesidad. No es posible acudir a un concepto superior, a un ordenamiento meta-constitucional para decidir cuáles normas dentro del ordenamiento deben ser constitucionales. Por lo tanto, toda norma, por el simple hecho de estar plasmada en la Constitución goza de este atributo, aún cuando sea contraria a otra norma constitucional. En caso de divergencia entre dos normas del mismo nivel, procedemos a través de los métodos de interpretación, los cuales sólo nos dirán cuál norma es aplicable, pero no cuál norma es más constitucional entre las dos. La constitucionalidad es, de esta manera, un concepto absoluto.

Para matizar lo anterior, es necesario hacer la aclaración del único caso en que una norma plasmada formalmente en la Constitución es inconstitucional: esto se presenta sólo cuando se ha promulgado una reforma constitucional sin haberse seguido el estricto procedimiento marcado por la propia Ley Suprema (artículo 135). Si no fue votada por dos terceras partes del Congreso de la Unión, si no fue aprobada por la mayoría de las legislaturas de los Estados y se publica como reforma legítima, esa nueva norma es inconstitucional, y de ello deberá conocer nuestra Suprema Corte para cada caso en concreto.

Por lo tanto, si han seguido hasta aquí la lectura, podrán percatarse de que las normas constitucionales sólo pueden impugnarse por su procedimiento, pero no por su esencia. Sin ánimo de entrar en los recovecos de las antiguas teorías positivistas o iusnaturalistas, se puede afirmar que toda norma constitucional es formalmente válida y exigible, sin importar si compartimos o no el espíritu que la anima.

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